Que no iba a ser procesado por la jueza Rodríguez Medel por prevaricación administrativa en la investigación de la manifestación feminista del 8 de marzo estaba cantado. Ese procedimiento, que empezó sin recorrido judicial alguno no tenía ningún futuro, lo cual no quiere decir que la actuación política del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, fuera impecable desde el punto de vista de la prevención sanitaria y la responsabilidad política. Pero eso no se dilucidaba en esta causa.
No obstante, ¿quién situó el foco mediático y político en este procedimiento con su nefasta gestión?: el ministro del Interior, Grande-Marlaska, que fulminó a toda la cúpula de la Guardia Civil porque los mandos se negaron, en defensa de la separación de poderes, a informarle del contenido de un atestado sobre esa manifestación encargado por la instructora, único funcionario del Estado ante el que tienen que reportar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando hacen funciones de policía judicial. Sus malos modos, su ataque a la división de poderes y su intromisión en la labor de investigación concedieron una importancia a esta causa que no tenía. Luego vistió los relevos como su legítimo derecho a reestructurar sus equipos y hasta tapó su mala praxis con la subida salarial de la Guardia Civil. Es decir, fue de fracaso en fracaso hasta el fracaso final.
Pero quede claro que hasta los más legos en materia judicial sabían que el horizonte de la imputación (o investigación, como se llama ahora) al delegado del Gobierno en Madrid tenía las patas muy cortas. Eso no quiere decir que José Manuel Franco no haya sido negligente en la gestión de esos días. Pero una cosa es la negligencia política y administrativa y otra muy distinta actuar con dolo. Es claro que Franco nunca hubiera ido, como fue con su familia, a una concentración masiva si hubiera sabido que era contraindicada para su salud por la pandemia que ya nos acechaba.
Pero a un político se le debe exigir algo más que una actuación pura de acción-reacción. Franco sabía, como el Gobierno que le había nombrado, como la OMS que ya había declarado pandemia a la Covid-19 o como la UE que había lanzado desde finales de enero una alerta sanitaria, que no prohibir esa concentración, al igual que el acto de Vox en Vistalegre o algunos eventos deportivos, era irresponsable. No porque tuviera claro que todos eran contaminantes, sino porque esos actos masivos ayudarían al descontrol de la epidemia. Es meridiano que ese riesgo se corría puesto que tan solo doce horas después de que se celebrara la concentración feminista, la vicepresidenta Calvo en una radio encendió todas las alarmas sobre la gravedad del contagio.
Es más que evidente que, como ha demostrado el sobreseimiento provisional de la causa contra el delegado del Gobierno, Franco no actuó de mala fe, pero eso no significa que fuera responsable al no prohibir las concentraciones de aquel domingo. Quede claro que las Delegaciones del Gobierno no permiten las manifestaciones, sino que cuando son informadas de que se van a celebrar, lo que sí tienen es facultad para prohibirlas si afectan a la seguridad tanto física como sanitaria de los participantes. Y ahí, el delegado, obligado por la decisión del gobierno de poner por delante la ideología a la seguridad de todos, actuó con negligencia y escasa prudencia. ¿Eso es punible? Pues no lo parece pero hace bien la acusación particular, porque es un particular el que ha llevado esa gestión a los tribunales, en intentar aclarar qué pasó en esas horas en las que el Gobierno no fue lo suficientemente diligente. A ver quién era el guapo que suspendía una concentración tan ideologizada y manipulada por la izquierda (allí estaban un buen grupo de ministras, alguna de las cuales no tienen precisamente un expediente muy feminista a sus espaldas). Había que tener mucho valor, como lo tuvieron los organizadores del Mobile de Barcelona, que unas semanas antes habían suspendido el encuentro ante el temor de un contagio masivo. ¿Sabían más sobre la letalidad de la epidemia los empresarios tecnológicos que el Gobierno de la cuarta economía de la UE? Cuesta creerlo.
Tampoco es fácil demostrar qué grado de responsabilidad en la infección de la Covid-19 tuvo ese acto feminista, o el congreso de Vox, o el uso normal del Metro, abierto ese día en Madrid. Pero las responsabilidades políticas no van a la par que las judiciales. Y el señor Franco (por cierto compensado por Sánchez con esta Delegación del Gobierno maldita tras apartarle de la candidatura madrileña para colocar al invisible Pepu Hernández) es conocedor de que el 8-M es un lunar que le acompañará siempre en su ya dilatada carrera política. Pero un fontanero político gris y casi anónimo tampoco soñó nunca con ser delegado del Gobierno en la capital de España. Vaya una cosa por la otra.
